IX Delegación Asturiana de verificación de los DDHH en Colombia
USO

Es la guerra interminable de una oligarquía avariciosa.

El domingo 31 de marzo la delegación asturiana se reúne con los 17 presidentes/as de Juntas de Acción Comunal-JAC en el corregimiento Vegalarga Neiva, un pueblito en cuyo centro urbano permanece atrincherada, con sacos terreros, un destacamento de policía, que se recoge por las noches...  mientras otro batallón militar sienta base en los cerros colindantes..

Las JAC reportan precisamente afectaciones de la guerra en el colegio donde se produce la reunión colectiva pese a que las Juntas le han reclamado al gobierno que la policía no esté situada entre la población, haciéndoles objetivo directo de la confrontación...

Mientras la DA se reunía con el Ministerio del Interior, compartiendo cifras sobre el grado de protección de defensores de ddhh, sindicalistas, comunidades... y las directoras hacían esfuerzos para mostrar los avances, reconociendo las dificultades de poner en el terreno de la práctica en los territorios las consideraciones teóricas, la delegación recibió la noticia de una nueva y rotunda amenaza de los paramilitares “Rastrojos” a numerosos dirigentes sindicales, muchos de ellos y ellas que habían compartido entrevistas con la delegación asturiana, de manera que se produce una curiosa situación, en que una delegación extranjera Informa al gobierno de hechos graves, que contradicen las buenas voluntades, o el negacionismo de existencia de grupos paramilitares..

Antes, en Procuraduría, el responsable de relaciones exteriores de la entidad, entrega a la DA documentación exhaustiva de las 13 condenas internacionales que ha recibido Colombia por masacres, y la previsión de que la Corte Interamericana emita otras dos o tres condenas en breve..  entre ellas la del bombardeo y desaparición de testigos del palacio de Justica,  la operación Génesis en Urabá, o el genocidio de la UP.

Más tarde..en sede del sindicato petrolero, la USO, se comparten reflexiones profundas sobre la situación, que esta gente sindicalista está más que autoriza para emitir, con 90 años de existencia, con 106 líderes asesinados y multitud de ellos exiliados.

La preocupación se centra en que todas las evidencias indican que continua el saqueo del modelo de la colonización española.. que el modelo laboral de las numerosas empresas de matriz española están supeditados a la militarización de la vida laboral: la diferencia es que ahora España no trae a sus soldados: Colombia se los pone a su servicio...

Eso choca con que 117mil personas se movilicen para defender un páramo, una reserva de agua natural, frente a la extracción de oro de modo idéntico a la colonia: esto es que la gente se haya dado cuenta de la necesidad de defender sus intereses, sus recursos naturales.

El modelo de explotación extractiva sigue parecido: presión de las empresas españolas para expulsar a las comunidades, amedrentarlas, adueñarse de sus territorios donde hay las materias primas.

Cambiar el cauce de un río, para hidroeléctricas, o para el carbón que se dest8ina a puertos españoles, es un desastre irreversible.

Si en Hidrosogamoso se diera un movimiento geológico, el desastre tendría inmensas consecuencias por el volumen grandísimo de agua represada, donde hasta municipios han desaparecido con el proyecto.

En HidroItuango, se habla de la más grande hidroeléctrica, sin medir consecuencias en gente y medio.

El gobierno colombiano parece estar maniatado a las transnacionales, y por ello no es extraño que su imagen internacional salga favorecida: es mucha la plata qu3e se invierte en ese lavado de imagen.

Pero esas empresas igualan a las clases populares en una y otra parte del Atlántico: sólo que en Colombia sigue siendo una invasión, que incluye en algunas empresas participación del paramilitarismo en la deslaboralización,  y la llamada “prosperidad democrática” del gobierno es en realidad corrupción y no queda nada para los pobladores.

La PAZ, por ello, no puede ser considerada la que consigan las guerrillas y el gobierno en una mesa de negociación..  sino que es un proceso mucho más allá de esas mesas y acuerdos, que tenga en cuenta a los 7 millones de analfabetos, a los 5 millones de indigentes..

Y sobremanera, cuando la disputa de territorios va a seguir después, si el atraco al país y sus habitantes va a continuar..  quién va a juzgar a las transnacionales y dónde, qué se va a hacer con los 50mil masacrados, con las 30mil personas desaparecidas.. con las 213 masacres registradas, si la violencia institucionalizada va a seguir para poder privatizar, vender, saquear.. si la lucha contra la corrupción va a ser posible, porque corrupto es el que roba, el que asesina, el que explota a trabajadores/as..

..reflexiones y preocupaciones que, dejan más claro el panorama difícil, que cuenta con movilizaciones para la Paz, así llamadas genéricamente, en los días inmediatos, pero que en verdad supondrían un acumulado de fuerza para arropar las actuales conversaciones, y tener mejores perspectivas para defender espacios que, la burguesía colombiana, muy ambiciosa, y con mucha historia de traiciones, tratará de nuevo de destrozar en su beneficio o de su bolsa.

¿hay correlación de fuerzas en el movimiento popular para conseguir avances, para hacer cumplir lo que se firme en los papeles?.. con una oligarquía tan tramposa, parece complicado.

Con 407 municipios controlados políticamente por el paramilitarismo, como muestra Arco Iris (con alcaldes que van a la cárcel a consultar con sus jefes políticos presos), el post-conflicto no va a implicar el cese de la violencia, y en ese nuevo escenario sigue planteada la incógnita de cómo fortalecer el movimiento popular, coordinarlo y animarlo, para evitar que sigan saqueando el país,  con cuánta dosis de Impunidad se puede aguantar la gente, particularmente las miles de víctimas..