Juicio en Bolivia.

La Asociación de Familiares Caídos en Defensa del Gas (Asofac-DG):
“esta condena no nos devolverá a nuestras familiares”.

Ayer  la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

emitía al fin Sentencia sobre el juicio de responsabilidades contra el expresidente Sánchez de Losada (conocido como El Goni) y sus colaboradores, relativo a la masacre de la llamada “guerra del Gas” u “octubre negro” de 2003, donde 67 personas murieron y 470 resultaron heridas..

La Corte emite la sentencia por Genocidio bajo la Modalidad de Masacre Sangrienta, y deja en la cárcel a cinco militares y tres exministros.  Pero los máximos responsables, incluido el Goni, están huidos a Estados Unidos , Perú,y España,  y no recibieron pena, por lo que de nuevo (¿) se vuelven a iniciar trámites de Extradición..

Casi ocho años ha durado el proceso penal, con largas pausas e interferencias, triquiñuelas y subterfugios para dilatar el proceso, y dos años y cinco meses  el juicio en la Corte que está en Sucre, lo que ha supuesto para los familiares un prolongado y penoso periodo de viajes, (desde el Alto a Sucre), de permanente atención, de movilizaciones, y finalmente un plantón permanente ante la Corte por casi dos meses, aguantando frio, ..que levantaron ayer.

El fallo fue emitido por unanimidad de los jueces, y es inapelable.

El Fiscal  y las Acusaciones pedían pena máxima de 25 años. Pero..si se tiene en cuenta

que ha habido multitud de presiones, incluidas las del gobierno como queriendo proteger a los militares implicados..

la sentencia se convierte en histórica,

y las valoraciones provisionales de los familiares son  de satisfacción…

y de continuar la lucha contra la Impunidad hasta que los ministros y expresidente prófugos, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague,  Guido Añez Moscoso, Mirtha Quevedo Acalinovic, Javier Torres Goitia Caballero, Jorge Ernesto Torres Obleas, Dante Napoleón Pino Archondo  , Hugo Arturo Carvajal Donoso, regresen al país a pagar sus cuentas pendientes.

(En el caso del ex ministro Hugo Arturo Carvajal Donoso, la Corte emitió orden de extradición a España en 2009, sin que el estado español haya cumplido el requerimiento.)

El Presidente de la Asociación de Familiares Patricio Quispe, con lágrimas en los ojos decía “No era lo que habíamos pedido, pero creemos que es un paso muy importante, nosotros creemos que hemos cumplido con nuestros familiares fallecidos, y también esta sentencia sea un ejemplo para nuestro país para que ningún gobierno, ninguna autoridad política se sienta con derecho de quitarnos la Vida”.

Los familiares, sus abogados, las organizaciones que han estado apoyando, ahora inician el regreso a sus casas, la mayoría en el Alto de la Paz.  En breve, volverán a las actividades cotidianas…y a la continuidad de los reclamos de Justicia.

El proceso ha sido largo. Y los apoyos no han sido tan amplios como podría pensarse:

Si se tiene en cuenta que, la “guerra del agua en Cochabamba” primero, en 2000, la “guerra” y movilizaciones en defensa del gas en 2003, junto a otras movilizaciones significativas, supusieron la esencia de los cambios actuales en Bolivia, que llevaron al desastre a los partidos tradicionales, la huida de presidente y ministros..y el triunfo sin precedentes de Evo Morales…

Eso haría suponer un apoyo mucho mayor desde las instancias gubernamentales a las Víctimas y al Juicio, pero han tenido que ser los familiares, directamente, con su perseverancia, con apoyos de organizaciones sociales (con un ligero acompañamiento asturiano), quienes hayan contribuido decisivamente a este momento importante.

Desde Soldepaz.Pachakuti, que fuimos invitadas por los Familiares al segundo aniversario, en uno de los cementerios de El Alto,  que hemos compartido periódicamente con los Impulsores del Juicio de Responsabilidades, que hemos editado el libro de Luis Gómez “el Alto de Pie” que relata los acontecimientos de octubre 2003,

no podemos sino FELICITAR  a las víctimas sobrevivientes, a los familiares a las organizaciones amigas, por esta contribución innegable a la lucha contra la maldita Impunidad.

respetos, cariño y homenaje a quienes dieron su vida en Octubre del 2003 .Gloria a estos hombres y mujeres. Gloria a la ciudad de El Alto, Gloria eterna y paz en sus tumbas..

El Alto de Pie-Una Insurrección Aymara en Bolivia
/(...)present_altodepie.html

/(...)anuncio-libro.html

con los familiares segundo aniversario:
/(...)may_famil_asesinad.htm


Linea Roja
SC-2011-08-31    
Tras la sentencia, exigen agilizar extradición de Goni y Berzaín
Por:La Estrella del Oriente


HUYERON. Goni y sus ministros ordenaron una represión militar que dejó un saldo de 67 personas fallecidas y 400 heridas. Varios ex ministros de Sánchez de Lozada huyeron al exterior para eludir el brazo de la ley
Familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, organizaciones sociales y representantes de otros sectores exigieron ayer martes al Gobierno y a la justicia se acelere el trámite de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su estrecho colaborador, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
Tras conocerse la sentencia contra siete procesados, cinco ex jefes militares y dos ex ministros, la sociedad civil entiende que ahora hay una gran posibilidad para presionar el regreso de los dos principales acusados.El fiscal Milton Mendoza sostuvo en Sucre que se “abren las puertas para una extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia, forma parte de los acusados en este caso”.
El representante de la justicia enfatizó que el veredicto de ayer martes “es extensible a este ex presidente, ya que él ejercía el cargo de Capitán General de las Fuerzas Armadas cuando se produjo la masacre sangrienta”.
Goni y sus ministros firmaron un Decreto Supremo que ordenaba el desbloqueo de la avenida 6 de Marzo y reanudar el abastecimiento de combustible a la ciudad de La Paz. Esta decisión derivó en una represión militar que dejó un saldo de 67 personas fallecidas y 400 heridas.
El presidente del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores, Rogelio Mayta, señaló que con la sentencia se abre paso para acelerar la extradición.
El ex secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, dijo que el fallo reciente no satisface las expectativas de la población, frente al daño que provocaron los “carniceros” del pueblo.
Los ex jefes militares Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera, recibieron una condena de 15 años y seis meses de reclusión. El general José Quiroga Mendoza y almirante Luis Alberto Aranda deben cumplir 11 años de presidio, y el general Gonzalo Mercado Rocabado a 10 años, todos en el penal de San Roque de Sucre.
Los ex ministros Erick Reyes Villa (Medio Ambiente) y Adalberto Kuajara (Trabajo) fueron sentenciados a tres años de reclusión acusados de complicidad por genocidio.
Según datos de la Fiscalía, varios ex ministros de Sánchez de Lozada huyeron al exterior para eludir el brazo de la ley. Junto a Sánchez de Lozada fugaron a Estados Unidos a mediados de octubre de 2003, Carlos Sánchez Berzaín (de la Presidencia), y Jorge Berindoague (Hidrocarburos).
Los ex ministros Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Tórrez (Salud), Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico) y Dante Pino Archondo (Servicios Financieros) se encuentran en Perú.
Familiares de las víctimas hicieron vigilia durante 58 días en la ciudad de Sucre, para exigir sanción ejemplarizadora contra los responsables de esta masacre. Además plantean que desde las instancias legislativas y del Ejecutivo se agilicen los trámites con el gobierno norteamericano
El 14 de octubre de 2004 el ex Congreso Nacional había autorizado el juicio por dos tercios de votos y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros del Gobierno de Sánchez de Lozada.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores con cargos de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Durante el proceso que concluyó este martes se contabilizó la declaración testifical de 320 testigos, entre ellos ex autoridades de gobierno, dirigentes y otras autoridades. Erbol.