Tribunal Pola Xusticia Climática
Combustibles fósiles y agrocombustibles a xuicio

Martín Pallín en Cochabamba dijo que...

Magistrado Emérito del Tribunal Supremo. D. José Antonio Martín Pallín.

Intervención en  Cochabamba   abril  2010.


Su intervención hace énfasis en la interacción de los mecanismos de Naciones Unidas y los Derechos Humanos y sus tensiones frente a la actual necesidad de crear mecanismos de regulación, control, y sanción en materia de cambio climático.

Muchas gracias a todos y a todas, mi agradecimiento a los que organizaron este panel por darme la oportunidad de intervenir. Haré una breve exposición sobre lo que constituye el título de esta mesa, que me parece muy acertado:

Construyendo el Tribunal de Justicia Climática. Esto quiere decir que los que diseñaron este tema saben que hay mucha tarea por delante, que se comienza a construir. Vamos a ver si existen suficientes bases para construir un tribunal climático como el actual Tribunal Penal Internacional para sancionar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y que hace unos años parecía algo inalcanzable. Precisamente la tenacidad de muchos juristas, de muchos políticos y de muchas personas logró construir este tribunal. Ya sabemos que no es perfecto, que no se corona una obra por el hecho de pasarla al papel y redactar unos artículos o establecer una organización.

Sin embargo, quiero sugerir que conviene comenzar con cautela, no despertar expectativas que después pudieran generar frustraciones. La tarea es difícil pero también considero que existen bases jurídicas muy sólidas y reales para constituir un Tribunal de Justicia Climática.

Muchos ciudadanos que vivieron el final de la segunda guerra mundial no conocían o no sabían de la existencia del concepto de crímenes contra la humanidad. Es decir, aquellas conductas que de alguna manera hieren la sensibilidad media de una generalidad de personas. Pues bien, cuando hablamos de justicia climática estamos hablando de conductas que no solamente hieren la sensibilidad, sino que hieren también la salud y las posibilidades reales vitales de muchas personas.

Y no son conductas delictivas aisladas, que se quedan dentro de la esfera de cada estado nacional, sino que por su propia naturaleza, van más allá; son delitos transfronterizos que pueden afectar al cambio climático. El cambio climático no tiene patria, es una realidad que nos afecta universalmente a todos los que habitamos este universo. Si digo que existen bases sólidas para poder empezar a elaborar un posible tribunal internacional es porque las propias Naciones Unidas en una conferencia sobre el medio ambiente realizada en 1972, proclamaron el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a consumir agua pura, el derecho a respirar aire impoluto, el derecho al silencio, a la paz ambiental y el derecho a salvarse de la intoxicación por pesticidas.

Han ocurrido en la historia acontecimientos que han repercutido y conmocionado a todas las sociedades. A partir de lo sucedido con la planta química de Bhopal en la India, se genera una corriente internacional jurídica que lleva a todos los organismos internacionales, como el Consejo de Europa y la Asamblea General de Naciones Unidas a hablar de la imperiosa necesidad de tipificar el delito ambiental o ecológico, porque se dieron cuenta de las dimensiones verdaderamente catastróficas para la humanidad.

Hoy día prácticamente no existen en el mundo desarrollado códigos penales que no tengan alguna referencia sobre los delitos contra el medio ambiente. Otra cosa es que efectivamente se cumplan estas previsiones y los delincuentes medioambientales paguen por los penas que tiene establecido el código penal. Por tanto, no es ninguna exageración, ni una idea extravagante pensar que ha llegado el momento -dado el impacto del cambio climático- de establecer un tribunal de justicia climática (por supuesto, dentro del ámbito de las Naciones Unidas), con una estructura parecida a la del Tribunal Penal Internacional y una serie de competencias específicas, aunque conviene en este aspecto ser moderados en cuanto al ámbito de su aplicación.

Condenaríamos casi al fracaso a este tribunal si ampliásemos de manera excesiva su competencia. Que pueda actuar en hechos como en Bhopal o Chernóbil, o en cualquier otra política, por ejemplo, agraria, examinar el tema de los transgénicos desde una perspectiva mundial o aquellas cuestiones relacionadas con las explotaciones despiadadas y sangrantes del territorio, de la Pachamama. Todo esto podría constituir un primer bloque, ya que un tribunal necesita saber cuáles son sus competencias. Sería verdaderamente absurdo “construir la casa por el tejado”; es decir, construir el tribunal y que éste no supiese cuáles son sus competencias. Necesariamente, a la vez que se construye el tribunal, hay que sentar una serie de hechos, que por su gravedad, trascendencia y repercusión sobre la salud de todos, constituyan la base para luego poder actuar.

Es difícil hacerlo, me acuerdo por ejemplo que en materia del Tribunal Penal Internacional, países como EEUU, China o Israel no admiten su competencia. Tal es el caso de la franja de Gaza que se ha reconocido como un crimen de guerra, pero como Israel no está bajo la jurisdicción de este tribunal, no se le puede aplicar de momento. Esperemos que en el futuro las sociedades se movilicen y exijan a sus gobiernos la obligación de aceptar y someterse a estos preceptos legales.

Hay constituciones como la boliviana o la ecuatoriana que han abierto espacios que a muchos constitucionalistas de las viejas escuelas, anclados en tradiciones del siglo XIX y XX quizás les pueden parecer ilusorias o las pueden leer con cierto desdén. La posibilidad de que alguien salga en defensa de la Pachamama y pueda, ante un tribunal, no ante un auditorio, ejercitar una acción legal, seguir adelante un proceso, presentar pruebas y que a lo mejor el proceso termine con una condena por parte de ese organismo es lo que se quiere lograr.

Los juristas tendemos a ser un poco escépticos e hipócritas porque en la vida diaria la mayoría de los códigos penales no se cumplen en su integridad. En realidad, la mayor parte de las disposiciones caen en los sectores de la marginalidad social, mientras los sectores privilegiados se libran fácilmente de las consecuencias de los códigos penales. Por ello, al momento de constituir el Tribunal se deben considerar estos aspectos, pero al mismo tiempo se debe construir un sentimiento favorable a este propósito, un sentimiento que se construye sobre la base de transmitir la empatía de ganarnos a esas sociedades industrializadas que viven en la opulencia y que empiezan a darse cuenta que así (su modelo de vida) no se puede seguir; que hay que poner orden. El orden nace de la autorregulación y de los principios éticos de la persona. Pero ya sabemos que muchas veces fallan. Y cuando fallan estos principios éticos no queda más remedio que pensar que tenemos la necesidad de construir un Tribunal Internacional de Justicia Climática .