en la Asamblea de OIDHACO en Bruselas..
Que dejen de producirse asesinatos.
 
Si el gobierno colombiano quiere mostrar cambios,
 está obligado a proteger a los defensores/as de derechos elementales.
 La sangría de persecución debe cesar.
 
Esa se considera la mejor forma
de mostrar una cara distinta, pues no basta con cambio de lengüaje,
a casi trescientos días de nuevo gobierno, y cuando en Colombia ya ha llovido mucho desde el 7 de agosto,..
 
La Asamblea de OIDHACO, Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia, www.oidhaco.org con misión especial de red de incidencia en las autoridades europeas, se celebró en Bruselas 18 y 19 de mayo, con tres ejes centrales de trabajo:
-Defensa y promoción de los DDHH
-Cooperación y comercio
-Construcción de la Paz
y con asistencia abundante de sus organizaciones integrantes, aprobándose la admisión de otras tres nuevas.
 
La Asamblea  de Oidhaco mostró la preocupación por que los gobiernos europeos estén priorizando los Tratados y Negocios comerciales, sin importar las vulneraciones de los derechos humanos en Colombia. como se evidencia en el incremento sustancial de la minería a gran escala y los graves impactos sobre la población y el medio ambiente,  en la continuidad de la persecución a los defensores y defensoras, pese a la insistencia de Oidhaco, parece no existir interés en la UE en su protección,  y en la indiferencia para transitar caminos de Paz, que sería la única garantía para que existieran avances en temas de ddhh y reconcialización.
 
L minería, los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, el territorio usurpado por la fuerza, los ddhh, la situación de vulneración de derechos de las mujeres, parecen centrar los temas más espinosos de la situación colombiana, y la UE debería estar obligada a exigir al gobierno colombiano Mecanismos rigurosos para evaluar resultados de la cooperación millonaria entre UE y Colombia.
 
El gobierno colombiano ha convocado una conferencia nacional sobre ddhh, lo cual parece tener como finalidad un cambio de imagen, o bien acabar con la presencia de la Oficina permanente de la ONU sobre DDHH, y entra en franca contradicción con las competencias de la Defensoría del Pueblo. Dicha Conferencia tiene "entretenidas" a muchas organizaciones colombianas, que no rechazan participar en la misma, pero sin expectativas de que esas energías tengan resultado si no hay cambios de otra índole.
 
El TLC UE-Colombia.
 
El calendario de ratificación del TLC entre laUnión Europea y Colombia depende de dos consideraciones respecto a si se considera un Tratado Comercial, y por lo tanto bastaría con que el Parlamento Europeo lo votara tal como está sin posibilidades de modificación,
 
o si se considera un tratado mixto, lo que precisaría la ratificación de todos los países miembros, lo que prolongaría el plazo.
 
Mientras tanto el texto está traduciéndose para los 23 idiomas de la Unión, y las expectativas (dadas las fuertes presiones comerciales) son que hay prisa por aprobarlo y pueda darse en el primer semestre del año próximo.
 
Por ello, y con una clara y unánime posición de la OIDHACO frente a un TLC que agravaría las vulneraciones a los DDHH en Colombia, se comienza y refuerza una campaña de explicación a los europarlamentarios con una pagina a presentar en junio y con una base de firmas de Organizaciones que dicen EN MI NOMBRE NO RATIFIQUES.  No al Comercio a cualquier precio.  No existen condiciones para el Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia.
 
Soldepaz.Pachakuti,  organización internacional con sede en Asturias, e ISI de Burgos, llevaron su voto favorable a esta y otras campañas,  y la Plataforma Estatal por l
Paz y los DDHH, representada en Bruselas por varios colectivos, se comprometieron a seguir trabajando en esa incidencia sobre parlamentarios/as  de cuya decisión dependen las vidas e integridades de muchos miles de personas y comunidades en Colombia.
 
Los datos actualizados por la representación de TECHO COMUN, que agrupa a varias plataformas de organizaciones colombianas, fueron contundentes en cuanto a la continuidad e incluso incremente de violaciones a los ddhh en Colombia, en contraste con el cambio de lengüaje del gobierno, que sin embargo no muestra ningún otro cambio de tendencia: en masacres, en persecución a defensoras/es de ddhh, en muerte de sindicalistas, en asesinatos de lideres que reivindican restitución de tierras robadas, en impunidad a militares autores de ejecuciones extrajudiciales, en desplazamiento forzado de comunidades, en desconocimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas, etc., mostrándose además los casos de varios colectivos que, ante la continuidad de la persecución, han "entregado" los esquemas de seguridad a que el gobierno colombiano está obligado por sentencias de la Corte Interamericana, por la falta de garantía de que esos mismos protectores sean los que faciliten los atentados.
 
A la Asamblea de Oidhaco fue trasladada asimismo un resumen de conclusiones de la
VII Delegación Asturiana a Colombia.
 
Dicha Delegación séptima visitó el país en marzo y recorrió los departamentos de Barranquilla, Sucre, Tolima, Huila, Valle y Bogotá.
Se reunió en varias audiencias en zonas como Pital de Megua, el Tamarindo, finca La Europa, Algeciras, Anaime, La Marina y Trujillo.
Participó en el Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Entró a la cárcel de Corozal a entrevistarse con el preso politico Carmelo Agamez, pero se le impidió la entrada a la cárcel de la Picota, donde estaba prevista entrevista con una representación amplia de la numerosa colectividad de presos políticos.
Tuvo entrevistas institucionales con el Ministerio de Interior, con la Fiscalía, con la Embajada española y con la Delegación del Gobierno Vaso en Colombia, con el Ministerio de Defensa y con algunos alcaldes, personera, defensora, rector de Universidad..
Sin embargo la prevista reunión con el Vicepresidente, no fue posible realizarla.
De ese conjunto de actividades la Delegación recibió una gran contidad de testimonios directos e información, que ha sido trasladada al Informe, que se encuentra redactado y en imprenta para su posterior presentación pública .
 
 
a modo de sintesis:
 

CONCLUSIONES PRELIMINARES VII VISITA ASTURIANA A COLOMBIA.


Colombia continúa inmersa en un álgido conflicto social y armado para el que no se vislumbra por ahora una salida distinta a la continuidad de la confrontación.

Durante el 2010 en Colombia se profundizó la exclusión, la inequidad y se incrementaron las tasas de ganancia de las empresas extranjeras y la concentración de la propiedad de las tierras, la renta y el ingreso en pocas manos.

En Colombia “El coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta

“Todas las partes implicadas en el conflicto –fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros– fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario

Los militares han asumido de facto funciones de policía judicial en muchas regiones del país donde es habitual que realicen actividades ilegales, como empadronamientos, allanamientos sin orden judicial, capturas, interceptación de comunicaciones, entre otras atribuciones, a pesar de que el 30 de agosto/04 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-816/04 declaró inexequible el Acto Legislativo 02 del 18 de diciembre de 2003 llamado “Estatuto antiterrorista” que lo posibilitaba.

Colombia continúo recibiendo ayuda militar de Estados Unidos y otros países le venden armas a pesar de tener conflicto interno y antecedentes de violaciones masivas de los derechos humanos con responsabilidad de la fuerza pública. “Estados Unidos ha entregado a Bogotá cerca de 6.000 millones de dólares desde el año 2000, cuando se aprobó el Plan Colombia de lucha contra las guerrillas y el narcotráfico.”[1]

Las partes en conflicto no distinguieron entre civiles y combatientes. Algunas de las ciudades más grandes del país registran un incremento de la violencia atribuible al conflicto armado, a los delitos relacionados con el narcotráfico y a los actos de “limpieza social”.

Durante el 2010 se demostró judicialmente la práctica de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” de al menos 2.547[2] personas asesinadas por la fuerza pública en diferentes regiones y épocas y con similares modos de operación, lo que hace dudar de que se trate de “casos aislados” como afirma el alto mando militar.

“El gobierno de JUAN MANUEL SANTOS es la continuidad del gobierno anterior; los cambios de estilo han sido sobrevalorados y presentados como si fueran cambios de fondo, pero continúa con las mismas políticas antipopulares y antinacionales de Uribe, y aunque dice que “las puertas del diálogo no están cerradas” a diario se contradice por su intransigencia imponiendo a la guerrilla condiciones de rendición que resultan inaceptables y que prolongan el conflicto

El gobierno de JUAN MANUEL SANTOS, a diferencia de su antecesor Alvaro Uribe Vélez, usa un tono conciliador al referirse a la legítima actividad desarrollada por los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos, pero esa actitud aún no se refleja en disminuciones de las graves violaciones de los derechos humanos que se comenten en su mayoría con la complicidad o aquiescencia de la fuerza pública. “El cambio en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos, no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado”[3].

El aumento de las masacres da cuenta del agravamiento de la situación de los derechos humanos en varias regiones del país. “Las 38 masacres ocurridas entre enero y noviembre de 2010 representan un incremento del 41 por ciento respecto del mismo período del año anterior”[4]

Continúan los ataques contra el movimiento sindical colombiano. “La violencia contra el movimiento sindical ha costado más de 3 mil asesinados. En el 2009 el 50% de los sindicalistas asesinados en el mundo eran colombianos, en el 2010 asesinaron a 52 sindicalistas que es el 51%. La campaña para acabar con la CUT y arrasar con la acción y la libertad sindical se refleja al ver que en poco más de 20 años pasamos de tener un millón de afiliados a menos de 500 mil. Un sindicalista de esta región del Tolima, HENRY RAMIREZ DAZA, pensionado y dirigente comunitario de Ambalema que aspiraba a ser su alcalde, fue asesinado hace menos de un año en su casa, delante de su hijo, luego de que el gobierno le quitara el esquema de seguridad sin estudio previo de riesgo. En el sector agrario han arrasado a FENSUAGRO en el Tolima. ASTRACATOL lleva 3 asesinados. HENRY MOYA asesinado el 22 de enero del 2010, ADOLFO TIQUE, asesinado el 1 de enero del 2009, IVAN TOVAR asesinado el 25 de octubre del 2009 y van 25 profesores asesinados. Hay un persistente hostigamiento en el Tolima desde aparatos de seguridad del estado contra el movimiento sindical como parte de un plan de exterminio selectivo contra las organizaciones sindicales como ANTHOC, SIMATOL, con impunidad del 100% en asesinatos de sindicalistas. El gobierno viene construyendo un discurso falso que afirma que los derechos humanos mejoraron. Pretenden lavar la cara para la llegada de la inversión internacional, por eso han incrementado la presión diplomática para que se firme el TLC con la UE y EUA. En la 99 asamblea de la OIT las presiones de los empresarios lograron que Colombia no fuese sancionada y, a cambio, le enviaron una comisión permanente.”[5]

Continuaron los ataques contra los pueblos indígenas. Son especialmente numerosos los ataques en municipios del Cauca, como Toribío, Jambaló, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Miranda, Paéz, Morales, Coconuco, Puracé, Popayán, Suárez, Silvia, Inzá, Bolívar, Piendamó, La Vega, San Juan, Silvia, Tororó,[6]

Especialmente grave es la revictimización por amenazas de muerte y los asesinatos de dirigentes campesinos que vienen reclamando la restitución de sus tierras, luego de sufrir el despojo violento de sus propiedades.

El gobierno colombiano niega la existencia de los grupos paramilitares, pero es notoria su presencia, influencia, creciente actividad y articulación con agentes del Estado y del narcotráfico en los poderes públicos, como el Congreso de la República, la fuerza pública, el poder judicial y el ejecutivo en varias localidades, incluidas las llamadas zonas de consolidación en las que se supone que el Estado acabó con el paramilitarismo y retomó el control del orden público. Sin embargo, “Estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional”[7]

Funcionarios del gobierno colombiano adscritos al DAS con dependencia directa del despacho del Presidente de la República, cometieron delitos en España, Bélgica y otros países de la Unión Europea contra defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, según informe del 2009 de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.

Las actividades ilegales de espionaje las realizó el Grupo Especial de Inteligencia G-3 durante los años 2004 y 2005 como parte de un plan para neutralizar, vincular a organizaciones guerrilleras y desprestigiar a defensores de derechos humanos y a opositores del gobierno de ALVARO URIBE VÉLEZ a cargo de GERMAN VILLALBA, quien ya aceptó ante la Fiscalía General su responsabilidad en los delitos de seguimientos ilegales, interceptación ilegal de comunicaciones, concierto para delinquir y abuso de autoridad.

Los objetivos en España fueron la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, con sede en Barcelona y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, con sede en Zaragoza, así como tres defensores de los derechos humanos colombianos refugiados en España, la periodista española que trabaja en Colombia ALEXIA AGUILERA, el abogado español JOSE LUIS GALÁN, y la ex diputada del Congreso español ISAURA NAVARRO.[8]

La impunidad sigue cobijando a los autores de crímenes sobre todo de sindicalistas y defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, integrantes de la comunidad LGTB.

Las altas tasas de impunidad continúan como resultado de la falta de recursos en la justicia y por la asunción de la competencia por parte de la justicia penal militar para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas del ejército nacional a pesar de reiteradas sentencias en las que los jueces civiles expresan que “las violaciones a los DH y DIH incorporados como crímenes internacionales a nivel interno, rompen el nexo causal con el servicio y por tanto el proceso no debe ser asumido por la justicia penal militar” [9].

“La oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió entre los años 2004 y 2008”[10], siendo Ministro de Defensa el actual Presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, responsable por lo tanto del mando y las acciones de las tropas y de la seguridad de los ciudadanos

Ha subido el número de personas amenazadas de muerte, pero las denuncias por esta violación de los derechos humanos quedan en la impunidad pues no se investigan, a pesar de que las víctimas aportan a las autoridades datos y pistas de los presuntos responsables. Hay la sensación generalizada de desamparo ante el peligro de muerte violenta y programada

No se conoce la cifra real de personas desaparecidas. El subregistro se da por el temor de los familiares de las víctimas de denunciar ante las autoridades que en muchos casos son vistas como ejecutoras o colaboradoras de la desaparición forzada.

Sin embargo es un avance que el Congreso de la República haya aprobado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

A finales del 2010 había registradas 51.310 personas desaparecidas en Colombia, de las cuales 12.632 han sido consideradas hasta ahora como desapariciones forzadas, entre ellas 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años. En el 2010 hubo un incremento del 40% de las denuncias por desaparición forzada en relación con el 2009.[11]

El nuevo tono del gobierno de JUAN MAUNEL SANTOS con los interlocutores tanto nacionales como internacionales en el tema de los derechos humanos, no se corresponde con la negativa del permiso por parte del INPEC a la VII Delegación Asturiana para que constatara las condiciones de reclusión de las personas detenidas por delitos políticos en la cárcel de La Picota en Bogotá, con el precedente de que en el 2010 tampoco se autorizó el ingreso de la VI Delegación Asturiana a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

“El Comité observa con preocupación la alta incidencia de hacinamiento, y las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal.”[12]

“La población reclusa en el país crece constantemente, se pasó de 60.175 personas internas en junio de 2007, a 81.486 en julio de 2010, de las cuales el 6,5% son mujeres, es decir, 5.331 este año.10 Del total general, según cifras manejadas por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se estima que hay más de 7.000 personas detenidas por razones políticas —no se conocen cifras exactas de cuántas detenidas políticas hay”[13]

Continúa la práctica de los montajes judiciales mediante el uso de testigos falsos que a cambio de dinero o de rebaja de penas sindican a dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos de pertenecer a organizaciones armadas al margen de la ley, especialmente grupos guerrilleros. Estas personas permanecen detenidas hasta dos años sin juicio y al recuperar la libertad se encuentran socialmente estigmatizadas y en la mayoría de los casos revictimizadas por las amenazas de muerte y por el desplazamiento forzado.

La violencia contra las mujeres y niñas es habitual e impune en Colombia, dentro de las familias y en las zonas con conflicto armado donde su cuerpo fue convertido en botín de guerra.

La Ley 975 de 2005, conocida como "Ley de Justicia y Paz" o ley de justicia transicional, ha sido un fracaso en términos de acceso a la justicia para las víctimas del paramilitarismo y es una fuente abierta de impunidad. “Las personas que están en la sala, que vieron morir a sus familiares, que fueron víctimas en ese momento, son víctimas una segunda vez a través de este proceso en el que las instrumentalizan para vender una idea de que el país va mejor, que ya no hay conflicto y que se está juzgando a los criminales”[14]

También es fuente de impunidad estructural la reiterada asunción por la Justicia Penal Militar del conocimiento de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública, como si delinquir fuese un acto propio del servicio, desconociéndose jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que dijo al respecto: “El fuero militar así concebido en la Carta Política, cobija entonces a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, exclusivamente por las conductas ilícitas relacionadas con el servicio, nexo sobre el cual se ha pronunciado la Corte Suprema en múltiples oportunidades, aclarando que no puede entenderse como una conexión genérica que se presenta entre el servicio activo militar o policial y el delito que realiza quien lo presta, sino que es imprescindible determinar una “correspondencia” entre el hecho constitutivo de la infracción penal y los deberes que legalmente le atañen a esos servidores públicos, dado que las normas constitucionales imponen los límites dentro de los cuales se puede actuar en un Estado Social de Derecho...De este modo, ha recabado la Sala, la competencia castrense, de estirpe constitucional, sólo se atribuye cuando el hecho que motiva el proceso ha sido realizado por un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en ejercicio activo de sus funciones, siempre y cuando la conducta tenga relación con el servicio militar o policial, es decir, que no basta que se trate de un militar o de un policía en servicio activo, sino que es necesario que la conducta ilícita haya sido realizada en relación con el servicio oficial a desempeñar”[15]

Continúa el desplazamiento forzado de personas, tanto individualmente como en grupos, sobre todo de campesinos, afrocolombianos y comunidades negras. Y continúa el despojo violento de sus tierras y territorios.

Colombia continúa siendo uno de los países del mundo con más desplazados internos como resultado de la confrontación armada, pero sobre todo como una dinámica de alta movilidad de la población ligada a proyectos de inversión nacional y del capital internacional.

"Las cifras más recientes con que cuenta ACNUR muestran a Colombia como el segundo país con más población desplazada en el mundo, con 3,5 millones de personas registradas por el gobierno

“Son casi 5 millones de hectáreas de tierra despojada o en riesgo de desplazamiento, sabemos dónde ocurrió, usaremos la información para darle peso judicial. Hay que combinar la estrategia administrativa y la judicial.”[16]

Hay temor entre las comunidades campesinas y de mineros artesanales por la presencia de la empresa AngloGold Ashanti y su filial Kedahda, autorizada por el gobierno a explorar y explotar oro en varias regiones del país. La empresa ya comenzó a dividir a las comunidades, coincidiendo con la llegada de grupos paramilitares y de ejército el cual masacró a cinco miembros de una misma familia -incluido un bebé de 6 meses- en la vereda Potosí del corregimiento de Anaime en abril del 2004. Otro antecedente preocupante es que Human Rights Watch señaló a la AngloGold por financiar grupos armados en la República Democrática del Congo.[17]

Los riesgos de la confrontación armada para la población civil son enormes. “Exigimos ahincadamente, el respeto para nuestros territorios indígenas y que cese el accionar violento de las fuerzas en combate en un conflicto que no es nuestro y que nos tiene al borde de la desesperación. Sabemos que el cometido de las fuerzas del Estado es combatir la guerrilla, pero que lo hagan lejos de nuestras tierras donde no pongan en peligro las vidas de nuestras gentes, sobre todo cuando hay inmensidades de territorios baldíos donde pueden combatir lejos de nuestros Resguardos”.[18]

“Colombia es el único país de América Latina en donde aún se siembran minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) de manera indiscriminada. Desde 1990 hasta mayo de 2010, 2.992 civiles han sido víctimas de minas y municiones sin explotar (sin contar los militares): de éstas el 60 por ciento corresponde a hombres mayores de edad, el 27 por ciento a menores y el 13 a mujeres mayores.”[19]

Colombia es uno de los siete países con más desigualdad del mundo y eso se refleja en el índice del 16% de su población en situación de extrema pobreza, es decir que ingresa menos de un (1) dólar al día.

Los gastos en defensa afectan negativamente a la inversión social. “El país de América Latina que más dinero destina a gasto militar con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) es Colombia, con el 3,7 por ciento En 2009, en total se utilizaron ese año 10.055 millones de dólares en este rubro.”[20]

“El número de pobres en Colombia a 2009 fue de 19′899.144 de personas. La pobreza extrema e indigencia pasó de 17,8% en 2008 a 16,4% en 2009, al ubicarse en 7′159.172 de personas”.[21]



[1] El Espectador, 15 de septiembre/10

[2] La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas

[3] Declaración Política del V Encuentro Nacional del MOVICE. Bogotá,10, 11 y 12 de marzo/11

[4] José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch

[5] Luis Alberto Vanegas, Director del Depto. de Derechos Humanos de CUT Colombia. Ibagué, 7 de marzo/11

[6] Programa de Derechos Humanos del CRIC. Informe a julio/10

[7] Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numeral 36, pg. 8. Febrero de 2011

[8] Al respecto fue admitida a trámite una querella por parte de la Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 46 de Madrid, España,  contra Álvaro Uribe Vélez, Jorge Aurelio Noguera y Germán Villalba Chávez

[9] 8 de marzo del 2011, Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Popayán. Sentencia condenatoria contra miembros del pelotón Galeón No. 7 adscritos al Batallón José Hilario López, por el asesinato del comunero indígena JOSÉ EDWIN LEGARDA VÁSQUEZ.

[10] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/16/22. 3 de febrero de 2011

[11] Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC).

[12] CCPR/C/COL/CO/6 Comité de Derechos Humanos ONU.99º período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010

[13] X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Mesa e trabajo Mujer y Conflicto armado.

[14] Cineasta Juan José Lozano en el documental sobre Colombia “Impunity”

[15] Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Radicado 26137del 6 de Mayo/09

[16] Germán Reyes, Asesor del Ministerio de Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo/11

[17] Testimonios en Ibagué y

[18] Comunicado Comité Ejecutivo ORIVAC

[19] El Tiempo, 6 de noviembre/10
[20] Revista SEMANA. Colombia, el país de A. Latina que más destina de su PIB a gasto militar

1º de junio/10

[21] PORTAFOLIO, 30 de abril/10